La ministra dejó el cargo tras emitir una polémica resolución que buscaba remover al superintendente universitario, desatando denuncias constitucionales en el Congreso y alertas por una presunta interferencia política en la reforma educativa.
La ministra de Educación de Perú, María Esther Cuadros Espinoza, presentó su renuncia irrevocable la noche del jueves 2 de julio de 2026, acorralada por una severa crisis política y legal. El detonante de su salida fue la emisión de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU, una medida interpretada por diversos sectores académicos y constitucionales como un intento ilegal del Poder Ejecutivo por interferir en la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). A través de esta norma, el sector buscaba forzar la remoción del actual superintendente, Vicente Paúl Espinoza Santillán, argumentando que su designación era solo temporal, lo que provocó el rechazo inmediato del Consejo Directivo del organismo regulador.
La cuestionada decisión de Cuadros gatilló una veloz ofensiva en el Congreso de la República, donde ya enfrentaba un escenario legislativo insostenible con mociones de interpelación y graves denuncias constitucionales. La bancada de Fuerza Popular, liderada en este caso por la congresista Tania Ramírez, solicitó su destitución e inhabilitación por cinco años por vulnerar los principios constitucionales de la reforma universitaria. Asimismo, se sumaron denuncias penales por los presuntos delitos de abuso de autoridad y negociación incompatible, impulsadas por actores civiles que señalaron que la dimisión de la funcionaria no frena las investigaciones para determinar las responsabilidades por sus actos en la gestión pública.
Esta nueva crisis en el sector educativo genera profundas implicaciones para el sistema universitario peruano, encendiendo las alarmas sobre la pérdida de la autonomía técnica del regulador frente a los vaivenes políticos. Los especialistas advierten que estos constantes choques debilitan la predictibilidad jurídica de los procesos de licenciamiento institucional y la fiscalización de las condiciones básicas de calidad en las universidades. Al dejar el cargo tras apenas tres meses de gestión, Cuadros defendió su labor asegurando haber actuado con integridad y respeto al interés público, mientras el país asiste a un nuevo episodio de inestabilidad que pone en riesgo los estándares de la educación superior en beneficio de intereses particulares.
Por Sebastián Carcelén
