El Gobierno presentó la Hoja de Ruta del sector Educación para el periodo 2026-2031, un conjunto de medidas que busca responder al rezago escolar, modernizar la infraestructura escolar y conectar digitalmente a miles de colegios en el país. Aunque las prioridades abordan necesidades críticas del sistema educativo nacional, la viabilidad de sus metas más ambiciosas dependerá de la capacidad del Estado para superar cuellos de botella logísticos, presupuestales y administrativos.
La nueva Hoja de Ruta del Ministerio de Educación traza una ambiciosa estrategia orientada a solucionar deficiencias históricas en las aulas peruanas mediante el despliegue de infraestructura modular, la aceleración de la educación técnica y la promesa de alcanzar el cien por ciento de conectividad digital para mediados de 2027. La propuesta gubernamental recoge reclamos indispensables del sector, como el retorno de las evaluaciones censales para medir con precisión el rezago postpandemia, la titulación masiva de terrenos escolares y la reincorporación de alumnos en situación de deserción. Sin embargo, detrás del catálogo de intenciones subyace la compleja tarea de adaptar compromisos de gran escala a la capacidad real de ejecución de la administración pública.
El componente más necesario del plan radica en la descentralización del aprendizaje y el vínculo directo con la empleabilidad juvenil. Priorizar el fortalecimiento de institutos tecnológicos, CETPRO y colegios secundarios técnicos atiende de forma directa la elevada informalidad laboral que afecta a los egresados del sistema escolar. Asimismo, la reintroducción de pruebas estandarizadas nacionales devuelve al Estado la herramienta metodológica clave para identificar brechas por región y asignar recursos donde más se necesitan, devolviendo la objetividad al diagnóstico educativo nacional.
En contraste, los mayores cuestionamientos sobre la factibilidad de la medida se concentran en los plazos fijados para la transformación tecnológica y física. Prometer la transición del veintisiete al cien por ciento de escuelas con conectividad a internet en menos de un año tropieza con condicionantes estructurales, como la falta de energía eléctrica continua en comunidades rurales y la compleja logística amazónica y andina. De igual modo, aunque las aulas modulares alivian la brecha de infraestructura, la regularización de más de treinta mil predios escolares informales exige trámites burocráticos y legales que difícilmente avanzan al ritmo planteado por el Ejecutivo.
El éxito o fracaso del Plan 2026-2031 dependerá de la capacidad del Ministerio de Educación para articular esfuerzos con las Direcciones Regionales y mantener la continuidad presupuestal, evitando que las metas más complejas queden reducidas a meras promesas de gestión mientras solo se cumplen los objetivos de menor impacto estructural.
Por Sebastián Carcelén
