La medida fue ordenada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado y marcó un cambio en el control estatal de los recursos petroleros del país.
Cada 9 de octubre, el Perú recuerda el Día de la Dignidad Nacional, una fecha vinculada con la expropiación de las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC) en Talara, Piura, en 1968. La operación fue ordenada por el general Juan Velasco Alvarado, quien había asumido el poder tras el golpe de Estado del 3 de octubre de ese año. La decisión se convirtió en uno de los primeros actos de alto impacto del nuevo gobierno militar y estuvo relacionada con la controversia sobre la explotación de los yacimientos de La Brea y Pariñas.
El conflicto entre el Estado peruano y la compañía petrolera se había prolongado durante décadas debido a cuestionamientos sobre la propiedad de los yacimientos, las condiciones de explotación y las obligaciones económicas pendientes. La controversia volvió a ocupar el centro del debate político en 1968, luego de la firma del Acta de Talara entre el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y la empresa. Las críticas al acuerdo, junto con las denuncias sobre sus condiciones, formaron parte del escenario que precedió a la intervención militar.
Tras la ocupación de las instalaciones, el gobierno de Velasco declaró nula el Acta de Talara y dispuso la expropiación del complejo petrolero, incluida la refinería. La medida fue presentada por el régimen como una recuperación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales y dio paso a una etapa de mayor intervención estatal en la economía. Desde entonces, el 9 de octubre quedó asociado con la reivindicación de los intereses nacionales y con las transformaciones políticas y económicas impulsadas durante el gobierno militar.
Por Alvaro Marañón
