El inicio de un nuevo periodo presidencial en el Perú siempre marca un punto de inflexión en la agenda pública. Sin embargo, la asunción del mando de Keiko Fujimori este 28 de julio de 2026 estuvo rodeada de una singular carga de expectativa. Tras años de presencia protagónica en el escenario político y un prolongado camino hacia el Poder Ejecutivo, el discurso inaugural, con una cuenta regresiva de 1,826 días de gestión trazó el mapa de ruta con el que el nuevo gobierno busca responder a las urgencias de la realidad nacional.
El mensaje a la Nación partió de una radiografía cruda sobre el estado de las instituciones y los servicios públicos. Se enfatizó la ineficiencia del gasto y las pérdidas astronómicas asociadas a la corrupción y la mala gestión, citando cifras de la Contraloría que cifran las pérdidas anuales en más de 24,000 millones de soles.
Frente a esta situación, la propuesta gubernamental delimitó dos frentes de atención prioritaria para el corto plazo. Por un lado, la mitigación de desastres naturales se enfocará principalmente en los estragos del fenómeno El Niño a través de la descolmatación de ríos, el desarrollo de infraestructura de protección y la provisión de asistencia técnica para el sector agrícola. Por otro lado, la seguridad ciudadana se apoyará en la intervención temporal de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia para asumir el control del orden interno en zonas críticas, medida que irá acompañada por una modernización tecnológica y logística de la Policía Nacional.
Más allá de la respuesta inmediata a estas emergencias, el discurso delineó compromisos de fondo con un impacto directo en la economía familiar y la estructura social del país. En materia de protección a la primera infancia y adultos mayores, se destacó la meta de reducir a la mitad los índices de anemia y desnutrición infantil, sumado a la duplicación de la Pensión 65 de S/ 350 a S/ 700 bimestrales para la población en extrema pobreza. Asimismo, en el ámbito del mercado laboral y los ingresos, se anunció el incremento de la Remuneración Mínima Vital a S/ 1,300, complementado con un bono compensatorio temporal dirigido a las micro y pequeñas empresas (MYPEs) para mitigar el costo de la formalización.
A este abanico de medidas se suma el impulso a la infraestructura estratégica mediante proyectos de conectividad de gran envergadura, entre los que destacan la Nueva Carretera Central, la expansión del Metro de Lima y diversas obras viales a nivel regional. En conjunto, estas iniciativas buscan atender demandas históricas de cobertura social y dinamizar la economía local. Sin embargo, desde una perspectiva analítica, su viabilidad dependerá de un cuidadoso equilibrio fiscal, dado que la consecuente expansión del gasto requerirá de mecanismos de financiamiento altamente eficientes para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
Al evaluar el mensaje en el contexto político actual, surge una reflexión clave sobre la forma y el fondo de la alocución. Al tratarse de uno de los proyectos políticos más anticipados y consolidados del país, existía en la opinión pública la expectativa de escuchar un discurso con mayor nivel de precisión técnica sobre reformas estructurales clave, tales como la contención del gasto corriente, la simplificación burocrática profunda o medidas más específicas contra la informalidad estructural.
El mensaje optó por un enfoque predominantemente conceptual y centrado en metas sociales agregadas. Si bien este tono facilitó la comunicación de prioridades generales y un llamado a la reconciliación nacional, dejó en reserva los detalles operativos que deberán ser precisados en los próximos meses por el Gabinete Ministerial, especialmente en lo referente a la articulación técnica de las reformas y la reducción del aparato estatal.
El discurso del 28 de julio ha fijado las prioridades de un mandato que inicia con la promesa de poner al Estado al servicio del ciudadano y cerrar las brechas sociales. El verdadero reto del gobierno que empieza no residirá únicamente en la definición de sus metas, sino en la capacidad de transformar los enunciados en políticas públicas viables, coordinadas y fiscalmente responsables a lo largo de los 1,824 días de gestión restantes.
Por Sebastián Carcelén
